Tres años

Santiago González

Trece hombres justos del más alto tribunal han dictado una sentencia que debe poner fin al caso De Juana Chaos, foro de dimes y diretes entre políticos y tertulianos tan ayunos de derecho como sobrados de ideología e interés partidario.

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Según la sentencia del Tribunal Supremo, cuyos pormenores aún no se conocen por no haber sido redactada, los dos artículos publicados por el preso en ‘Gara’ son constitutivos de un delito de amenazas no condicionales y enaltecimiento del terrorismo, que lleva aparejada menos pena que el delito de amenazas terroristas que apreció en dichos escritos la Audiencia Nacional.

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El fallo del Supremo va a parecer una afrenta a las víctimas y va a satisfacer las mejores expectativas de los socialistas. La iniciativa corresponde ahora al propio Iñaki de Juana Chaos, que ya tiene cumplidos dos de los tres años de condena y, por tanto, podría solicitar su clasificación en tercer grado y la remisión condicional de la pena. Para eso le faltan de cumplir tres meses de cárcel. Después, su nueva clasificación penitenciaria será definida por la institución que regenta la señora Gallizo y va a depender de que haya mantenido buen comportamiento, si es que hacer una huelga de hambre entra dentro de tales supuestos, cuando el huelguista es considerado por el presidente del Gobierno como un preso favorable al proceso.

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Una vez superado este trámite, para acceder a la remisión condicional de la pena falta todavía un requisito, que el preso no ha mostrado en su reciente y famosa entrevista en ‘The Times’: el arrepentimiento. Después, si todos esos pulpos son clasificados como animales domésticos por Instituciones Penitenciarias, el preso podrá ir a dormir a casa, tal como prescribía aquel dictamen médico tan raro, que pedía su alta en el hospital por motivos de salud.

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Si él se mantiene en sus trece, no quiere modular y sigue manteniendo que él no acepta otra cosa que no sea la libertad sin condición alguna, el Gobierno podrá hacer uso de su prerrogativa y acordar un indulto que lo mande a su casa mañana mismo, por buen comportamiento, por estar a favor del proceso o por cualquier otra razón análoga.

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Es comprensible que las víctimas no se sientan resarcidas con esta sentencia, dura lex, sed lex, pero el acatamiento de las sentencias del Tribunal Supremo es una de las reglas de oro del Estado de derecho. Sí cabe, sin embargo, mostrar alguna extrañeza por los altibajos del proceso. Los legos en derecho estamos dispuestos a aceptar que en nuestra ignorancia no sabemos si una carta amenazante es delito de amenazas 'terroristas' o 'no condicionales' y si eso merece tres años o doce, pero la invocación de los dos artículos de opinión era impertinente e instrumental. No es probable que invoquen esa razón quienes venían haciéndolo. Y podrían. ¿Qué clase de democracia sería aquella en la que dos artículos de opinión se penan con la misma cárcel que el TOP acordaba para los delitos de propaganda ilegal en el franquismo?