Qué culpa tiene el tomate (y V)

Recapitulando

Vayamos pues al grano. En Internet hay una página de recogida de firmas contra las descargas ilegales. No figura en ella ningún responsable de la iniciativa. Por el lenguaje empleado parece una autoconvocatoria. Los internautas decentes se encontraron en la calle tras la derrota de la Ley Sinde y se pusieron a correr espontáneamente. Sin necesidad de un Forrest Gump que se pusiera a la cabeza. “No somos anónimos y somos más”, dice el encabezamiento, seguido del siguiente texto:

“Los  2.625* Internautas que hemos perdido nuestro (puesto de) trabajo y nuestro dinero, o podemos perderlo, a causa de los millones de descargas no autorizadas, te pedimos que nos ayudes a evitarlas.”

Y luego las firmas. Hay entre ellas algunos amigos míos a quienes tengo afecto, respeto y hasta admiración. He visto las de Arcadi Espada, Xavier Pericay y Jorge Martínez Reverte. Me resulta familiar el efecto mariposa: un millón de mariposas baten sus alas en China y 2.625* personas pierden su puesto de trabajo en España. Ni Arcadi, ni Xavier ni Jorge van a perder sus trabajos por las descargas, que yo sepa. Muchos de los firmantes, sí: músicos, compositores, guionistas, scripts, directores de fotografía, todos los oficios del cine y muy principalmente, dueños de videoclubes. 

En la lista hay economistas, abogados, mediadores de seguros, profesores de yoga, instaladores de aluminio, soldadores, camareros, profesores, conductores, dependientas, una mujer que trabaja en los servicios de limpieza, peluqueros, albañiles y así. El primero es un estudiante y entre los cuatro últimos hay una jubilada, un albañil y un 'logística' ¿? Como escribió el poeta baracaldés Gregorio San Juan: “Estos son los nombres, estos los oficios./ Yo no me he inventado nada,/ están sacados de la reglamentación siderometalúrgica”.

Qué decir de la pérdida de los puestos de trabajo de quienes no lo tienen o están blindados porque se declaran: amas de casa, jubilados, estudiantes o funcionarios… Es una impostación del victimismo. La lista de abajofirmantes es un viejo recurso que no requiere capacidad descriptiva ni veracidad. Al principio fue con pegatinas y tenían un carácter autoincriminatorio, yo también las llevé: “Yo también he abortado”, “Yo también soy adúltera”.

El ‘como sea’ que acuñó en su primera legislatura el Adolescente (© Arcadi Espada) se ha extendido por toda España. Jamás encontramos un reparo a quien nos da la razón. Al parecer no hay objeción que oponer a la Ley Sinde. A mí se me ocurren tres: 

1.-Es una chapuza jurídica que trata de colar de tapadillo algo que merecería un debate serio y una reforma en consecuencia de la Ley de Propiedad Intelectual, no la puesta en marcha de ocurrencias sucesivas. 

2.-Es, por otra parte, un colgajo inadecuado de una Ley tan Improbable (la Ley de Economía Sostenible) que el día de su aprobación era una carcasa descarnada, por haber sido aprobado mediante decretos-leyes. El PP perpetró un precedente, al colgar de una Ley de acompañamiento de presupuestos en diciembre de 2003, una revisión del Código penal para prescribir penas de cárcel contra quienes convoquen un referéndum ilegal. Pero nunca nadie había recurrido tantas veces a triquiñuelas con el fin de evitarse el debate parlamentario y usar las leyes para aquello para lo que no están escritas.

3.-Por último, la ministra impulsora no ha sido capaz de concitar el consenso suficiente para hacerla aprobar en la Comisión.

 La ministra Sinde no cree que en el rechazo de su Ley tenga alguna responsabilidad. Ha creado un artefacto jurídico que otorga poderes judiciales sobre el cierre de webs a una comisión creada en su propio departamento, aunque sus decisiones deban ser posteriormente ratificadas por un juez. Cabe plantearse si la comisión puede ser la misma que reparte las subvenciones. puestos a ello, más vale adoptar un criterio de racional y ahorrar dietas dentro de lo posible. La ha presentado a cuerpo gentil en el Congreso.

El vicepresidente 1º del Gobierno habló del asunto el martes pasado, durante un almuerzo con el Círculo de Empresarios Vascos y lo hizo con tono sobrado, atribuyendo a sus contradictores un arrepentimiento inexistente: "Después de haber votado contra la Ley Sinde se han dado cuenta de lo buena que es". Rubalcaba es un artista en el manejo de la propaganda. El domingo, 26 de diciembre, opinaba en El País: “A ver si de esta derrota podemos sacar un consenso”. Está seguro de que algo se podrá hacer con los 'cobardes' que no se atrevieron a votar la Ley por miedo a los internautas. El maniqueísmo de siempre: ellos se mueven por sus intereses; nosotros, por nuestros ideales y por los intereses generales. Mientras, acusamos a la oposición de ser partidarios de las descargas. Es probable que tengan razón, pero el PP no tiene miedo a los internautas, sino a la peña de la ceja, a que le hagan otro 'Hay motivo'.

La secuencia de Rubalcaba está invertida. Debería haber pensado: si esta chica hubiera buscado el consenso quizá habríamos podido evitarnos la derrota. Ayer, El País daba cuenta de la buena nueva consensual. Los socialistas están dispuestos a negociar, aunque siguen ofreciendo un contrato de adhesión: el canon digital no se toca y el carácter urgente del procedimiento y la presencia de la comisión en el mismo, tampoco. Es decir: ofrecen al PP la posibilidad de rectificar. El zapaterismo no está acostumbrado a la transacción. Ellos han llegado al poder para que la oposición arrime el hombro, para que les apoyen sin más.

Todo esto parece muy normal a demasiada gente en la España de hoy. Tanto como lo fue en su día la desaforada defensa de Garzón, por sindicalistas, columnistas, algún juez y ex fiscales, que denigraban al Supremo. Bastaba ser partidario de la Memoria Histórica para dotar a Garzón de inmunidad y convertir en prevaricador y en facha al padre de Justicia Democrática, Luciano Varela o a un progresista de primera hora como Joaquín Giménez. 

Arcadi Espada publicó un excelente artículo costumbrista el pasado 23 de diciembre pero hay en él una palabras preocupantes: 

“Nada de eso: una de las más terribles adicciones (se refiere al tabaco) ha desaparecido casi con suavidad, por una simple decisión de los gobiernos. Los gobiernos siempre pueden más de lo que quieren hacer creer. Se trate del tabaco, la ilegalización de los partidos terroristas o la persecución del robo digital.”

O decretar el Estado de Alarma para hacer frente a una huelga de controladores, o sea, gobernar mediante la excepción. Pero quedémonos con las últimas palabras: "la ilegalización de los partidos terroristas o la persecución del robo digital". 

Hombre, hombre, habría escrito mi admirado Arcadi en circunstancia como esta. Frente al procedimiento sumarísimo de la Ley Sinde, observemos el riguroso respeto al procedimiento seguido en la ilegalización de Batasuna:

La Ley de Partidos fue aprobada el 4 de junio de 2002. Es de notar que el PP contaba con mayoría absoluta (184 escaños) y pudo haberla sacado con sus votos. Pero prefirió negociar y obtener un consenso apabullante: el 95% de los diputados la respaldaron. El 12 de marzo de 2003, ante un recurso de los interesados, el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de  la Ley. Quince días más tarde, Batasuna y sus marcas, HB y EH, fueron ilegalizadas por sentencia del TS del 27 de marzo de 2003. Recurrida la sentencia ante el TC, este la avaló  por unanimidad  el 16 de enero de 2004. Recurrida nuevamente por los ilegalizados, el tribunal Europeo de las Derechos Humanos rechazó el recurso  y le dio el espaldarazo final el 30 de junio de 2009.

Hay una preocupante mayoría partidaria de la vía de los hechos y dejarse de tiquismiquis. Qué más da que Garzón no tuviera competencias para asumir una investigación que tampoco realizó sobre las desapariciones del franquismo, que haya escrito los autos más chuscos de la historia judicial española,  que no se inhibiera al caer en sus manos un caso contra el banquero que acababa de pagar su curso en Nueva York. Quien se oponga a ludibrios como estos es partidario del franquismo y no quiere entregar los restos de sus abuelos a miles de nietos. 

Si estás contra la Ley Sinde es que eres partidario de las descargas ilegales y quieres quitarle a Miguel Bosé el pedazo de pan que se gana con el sudor de su frente En el bando de los enemigos de las descargas no he leído una sola opinión contra la Ley Sinde, salvo el más madera citado de Espada y Savater. Lo mismo pasó con el primer estado de alarma de nuestra democracia por una huelga de controladores aéreos. Es uno de los rasgos más característicos de la España de Zapatero: la excepción se ha convertido en norma. Esto sí que es más español que el gratis total, expresión que, por cierto, viene de un viaje que hizo Carlos Solchaga cuando era ministro en un barco de Transmediterránea. Hay que ver. En los tiempos de mis primeras progresías, antes de cumplir los 20, estaba muy bien visto socialmente hurtar libros y hacerse con discos gratis total en El Corte Inglés. Yo nunca lo hice, aunque debo aclarar que no fue por virtuoso, sino por pusilánime. Pero me tentó mucho uno de los clásicos: "¿Qué es la propiedad?", de Pierre Joseph Proudhon. El autor se respondía que el robo: "la proprieté c'est le vol". En la primera página par decía: "quedan reservados todos los derechos". Recuerdo haberme regodeado en el chiste, pero lamentablemente no saqué conclusiones.


La ecuanimidad obliga a dar a cada uno lo suyo. Por eso, voy a dar un argumento a los enemigos de las descargas: ¿Cómo es posible se pongan estrechos por pagar el canon, si están pagando la conexión de banda ancha más cara y lenta de Europa? Total, por unos céntimos, ¿qué más les da a ustedes?


Recapitulando: soy partidario de que los autores puedan recoger el fruto de su trabajo, pero los avances tecnológicos han simplificado mucho el proceso de acceder a los productos culturales y sus sucedáneos y han hecho mucho más complejo el negocio. Nos guste o no nos guste, ha cambiado el paradigma y debemos sacudirnos los temores de los monjes copistas del siglo XV, de los obreros que se sentían amenazados por las máquinas en el XIX, o de los administrativos que miraban con terror los primeros PC en el XX. Mientras, no es posible que esto se afronte mediante la chapuza legislativa, la excepción, el 'como sea'. 


Negocie el Gobierno con los partidos de la oposición, volviendo al punto de partida. Es gracioso que precisamente un Ejecutivo de Zapatero se haya marcado 'líneas rojas' en este asunto, cuando las ignoró en su negociación con ETA, en las reformas autonómicas y en el Estatuto de Cataluña muy principalmente, en sus iniciativas económicas y, en general en cuanta ocurrencia ha servido para introducir elementos de división y de perturbación de la convivencia en la sociedad española. Vuelvan pues, al principio y tomen la Ley Sinde, si quieren, como la posición del PSOE. No se fijen solo en la parte que conviene del modelo americano, pongamos por caso. Hay sanciones, pero antes está Netflix. Y negocien, actividad que consiste en ceder parte de sus presupuestos para conseguir una aproximación a los del contrario.


A partir de ahí, estos son los míos: búsqueda del mayor consenso para una Ley de Propiedad Intelectual a tono con los tiempos, Reflexión sobre el hecho cultural y su difusión, Replanteamiento de las subvenciones al cine, Eliminación del canon digital, adaptación a la revolución tecnológica que supone Internet. Y entonces, y sólo entonces, definamos sanciones a los portales y a los particulares que incumplan la ley. Si son partidarios, propongan una modificación del Código Penal, tal como hicieron con el Civil, para tipificar como delito o falta las descargas. Mientras tanto, eso no es robar, aunque sí puede ser un ilícito moral. Como lo es cobrar el canon digital, por otra parte.

Hasta aquí llego. Empecé a escribir estas notas para ver si establecía un debate público sobre el asunto con mi amigo Arcadi Espada, que es uno de los pocos españoles con quien se puede discutir a cara de perro sin que se ofenda, pero el día que empecé a publicarlas se fue de vacaciones. Así no hay manera, qué quieren que les diga.

* Última actualización a las 7:54