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Santiago González

Los presidentes de dos patronales vascas han expresado recientemente su queja por la detención de dos empresarios a los que el juez Grande Marlaska imputaba colaboración con banda armada por haber pagado a ETA 60.000 euros. El secretario de los socialistas vascos, Patxi López, que en los últimos meses se ha revelado como un campeón del relativismo jurídico, reprochaba al juez haberlos pasado «de víctimas a casi verdugos».A ver si somos capaces de centrar el tema.
Dar dinero a una organización terrorista es un delito y no debe confundirse con una bienaventuranza o una de las obras de misericordia. La razón se le alcanza a cualquiera. Ese dinero que los empresarios le entregan hoy, tras haber recibido una carta con amenazas de muerte o con saludos cordiales, es materia prima para las actividades terroristas de mañana. Con él se financian nuevas extorsiones, logística para secuestros o armas para nuevos asesinatos.
¿Quiere esto decir que el hecho de pagar al extorsionador convierte al pagano en cómplice? No forzosamente. Pagar es un delito, pero la Justicia no es una opción binaria: cero, uno; verdugos, víctimas. El grado de imputabilidad varía entre la complicidad de quien paga con gusto, el "laguntzaile", y la no culpabilidad de quien actúa movido por un miedo invencible, a quien la Justicia aplica la eximente de «estado de necesidad». La culpa no es una cuestión binaria, sino más propia de la matemática borrosa.
Pagar es un delito, aunque lo cometa alguien que también es víctima. El juez debe interesarse por los pormenores, preguntar por los intermediarios, el extorsionador, el grado de amenaza. No es lo mismo pagar cuando los terroristas han secuestrado a un hijo tuyo, que después de anunciar «un alto el fuego permanente», tal como repiten una y otra vez los portavoces gubernamentales. Los empresarios deberían exigirle al presidente del Gobierno que asuma la responsabilidad sobre los informes de su verificador: ¿Debemos pagar o no?

(Diario de Navarra, 5-7-2006)