¡Basta ya!

De Juana, caso único

Santiago González

El caso De Juana tiene dos rasgos que lo caracterizan frente a otras excarcelaciones de terroristas presos, que lo hacen único:

1.-Su pase al segundo grado carcelario se produce por una voluntad política del presidente del Gobierno.

2.-El aludido, José Ignacio de Juana Chaos, es el primer terrorista que consigue sus propósitos mediante un chantaje al Estado.

Todo lo demás es charlatanería, o, por usar la definición de Harry G. Frankfurt, 'bullshit', que en inglés quiere decir casi literalmente 'caca de la vaca', expresión que también en castellano es sinónima de parla vacua y sin fundamento.
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Veamos algunas muestras: El ministro del Interior asume personalmente la decisión sobre Iñaki de Juana, una medida adoptada "por razones legales y humanitarias", pues considera que los informes médicos pronosticaban su muerte "en pocas semanas" a consecuencia de la huelga de hambre que mantenía.
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El adverbio 'personalmente' es imposible en una decisión de Gobierno, que es, por su propia naturaleza, colegiada. El propio Rubalcaba dijo posteriormente que el presidente "se come el marrón". La vicepresidenta De la Vega añadió en su rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras del pasado viernes que:

"El Gobierno asume al 100% las consecuencias" (que se derivasen de su decisión de conceder la prisión atenuada a Iñaki de Juana Chaos),

sin que se sepa a ciencia cierta qué significa para la vicepresidenta ni para el Gobierno la palabra 'asumir'. El relativismo les ha debido de llevar a confundir el término con 'endosar', porque desde entonces no han parado en sus intentos de endosar las consecuencias y la responsabilidad de su decisión más controvertida al partido de la oposición.El caso De Juana obedece a un impulso del presidente Zapatero, que el 27 deoctubre de 2006 ya intentó condicionar el juicio que se seguía al terroristaen la Audiencia Nacional, al decir que era uno de los presos que estaba "a favor del proceso".
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El ministro Rubalcaba se tomaba otra licencia con los hechos al afirmar que su "decisión personal" había sido tomada "por razones legales", provocando un equívoco que los dirigentes socialistas de segundo nivel, de tercero y aun los dirigentes del PSE han interpretado como "por imperativo legal".
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No hay tal. Es legal que el Gobierno promueva al segundo grado a un recluso, porque forma parte de sus prerrogativas, pero no es obligatorio. El Consejo de Ministros podría indultar mañana mismo a Txapote y a Irantzu Gallastegi, porque son pareja y están enamorados, y el amor y la vida son valores supremos de nuestra convivencia, por ejemplo. La Ley le permite hacerlo, pero no le obliga. Sería una decisión política cuyas consecuencias en la opinión pública debería asumir gallardamente, no endosárselas a terceros.
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En días siguientes se han dado más razones de la actuación del Gobierno, aunque hay entre ellas no poca contradicción. No puede ser al mismo tiempo una decisión humanitaria, tomada con inteligencia, con valor o elegida como mal menor. Se invoca como mal mayor la muerte del terrorista por una acción voluntaria suya y se muestra una convicción improbable de que tal supuesto estaba al caer, lo que no se corresponde con el tan citado episodio de la ducha y con su entrada en el hospital por su propio pie.
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Supongamos que un ciudadano cualquiera es asaltado por un tipo que, a punta de navaja, le roba la cartera y el reloj. Sería sorprendente que convocase una rueda de prensa para decir que tomó la decisión de dar su dinero y el peluco por razones de generosidad, de humanitarismo (comprendí que mucha debía de ser su necesidad para que recurriera a una acción como aquella), de inteligencia, como un mal menor (porque si no le daba mi dinero podría causar males mayores a otra persona o a sí mismo) o en un rapto de valor y responsabilidad y, además, para demostrarle mi superioridad moral, algo que él no será capaz de comprender. La única realidad, el hecho, es que ha sido atracado y ha cedido por miedo.
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La cuestión es que el Gobierno no es un ciudadano desarmado y el atracador no tenía navaja y estaba en la cárcel. Y el Estado democrático no puede acogerse al "estado de necesidad", como los particulares, pues no en vano, según la célebre definición de Max Weber "el Estado es aquella organización humana que reivindica para sí con éxito el monopolio jurídico de la violencia física legítima."
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Esta es la cuestión principal. De Juana ha sido excarcelado porque el presidente ha querido. No es la primera vez que las instituciones ceden ante ETA. La central de Lemóniz y el trazado de la autovía de Leizarán son dos precedentes. Pero sí es la primera vez que el desafío de un terrorista solo, preso, que ni siquiera tiene el apoyo de su banda al comenzar la huelga, doblega a un Gobierno. Eso es lo que tendría que explicar Zapatero a los ciudadanos, en lugar de empecinarse en explicar la política penitenciaria del PP con argumentos tan dudosos como que Aznar excarceló a 306 etarras antes de que cumplieran sus condenas; entre ellos, Iñaki Bilbao, que posteriormente asesinó al concejal socialista Juan Priede.
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Algunos hechos:
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1.-Ningún terrorista fue excarcelado a consecuencia de un impulso político de Aznar.
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2.-Los terroristas excarcelados lo fueron por decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria en la mayor parte de los casos o por iniciativa de Instituciones Penitenciarias a causa de enfermedad (evidentemente no provocada por los propios reclusos). Pero esas no son decisiones que partan del Gobierno, aunque el Ejecutivo sea responsable último de las mismas. Se entienden como decisiones técnicas de política penitenciaria. Durante el Gobierno de Zapatero se ha soltado a 117 reclusos de la organización terrorista, ninguno de ellos, que sepamos, por voluntad política del Gobierno. A este ritmo de excarcelaciones, si Zapatero estuviera tanto tiempo como Aznar en La Moncloa, y se le aplicara el mismo argumento que él emplea contra la oposición, habría excarcelado a 326 presos de ETA al final de susegundo mandato.
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3.-Prácticamente todas esas excarcelaciones se produjeron antes del 29 demayo de 2003, fecha en que el Congreso de los Diputados aprueba con el voto del PP, el PSOE, CC, la abstención de CiU y el voto en contra de todos los socios actuales de Zapatero, una Ley para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas impuestas a los condenados por delitos de terrorismo.
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Ejemplo de contraargumentación demagógica (tanto como la argumentación): Javier García Gaztelu, 'Txapote', fue juzgado a finales de 1990 por delitosrelacionados con acciones de la 'kale borroka'. El fiscal pedía para él la pena de siete años de prisión. Su abogada, Jone Goirizelaia, negoció con la acusación y consiguió que rebajara la petición a un año. Salió en libertad durante un Gobierno de Felipe González, pero no por acción de González, como es obvio.
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Si Txapote hubiese cumplido siete años de prisión no habría estado en San Sebastián el 23 de enero de 1995 para asesinar a Gregorio Ordóñez, ni el 6 de febrero de 1996 para hacer lo mismo con Fernando Múgica Herzog, ni en Lasarte el 12 de julio de 1997 para hacer otro tanto con Miguel Ángel Blanco Garrido. Pero esta acusación sería una insoportable demagogia. Creo.