El efecto realidad

Santiago González

Lo primero que cabe destacar en el notable artículo que Josu Jon Imaz publicó ayer en estas páginas es que su destinatario no es tanto el mundo exterior al PNV como el Gobierno vasco y el principal de los partidos que lo sustentan o, por decirlo con más precisión, el sector del partido que se agrupa en torno al lehendakari y a Joseba Egibar.

Lo segundo, es un desusado sentido del realismo. Su afirmación de que en el futuro inmediato “ETA va a marcar la agenda”, tanto si nos gusta como si no, supone, aleluya,

la aceptación de la realidad como punto de partida. ¿Cómo no va a marcar la agenda política una organización terrorista cuya actividad o falta de ella ha sido el centro de la legislatura?¿Cómo no va a tener la iniciativa quien se constituye en objeto de debates, no ya en el Parlamento español, sino en el europeo; una banda a quien la mayoría del Congreso de los Diputados satisfizo su vieja fantasía de una negociación mano a mano con el Estado, con observadores internacionales entre ambos? Los partidos políticos y las redacciones de los medios han vivido pendientes de los comunicados de la banda, del anuncio del alto el fuego, de sus valoraciones sobre el mismo, de sus explicaciones de la ruptura, de la posibilidad de que reanudasen la tregua y, finalmente, de su declaración oficial de una ruptura que ya se había producido el 30 de diciembre en la T-4 de Barajas.

El Gobierno y la Oposición, en fin, sólo han estado de acuerdo en una cosa a lo largo de los tres últimos años: el terrorismo era el quid de la cuestión. Repitámoslo una vez más: el primer efecto que se produce cuando un Gobierno toma la decisión de iniciar un proceso negociador con una organización terrorista, no importa que esté muy debilitada, es que la iniciativa cambia de manos en el momento de constituirse la mesa. Esto es así porque el Gobierno ha aceptado como interlocutor a alguien que no negocia conforme a patrones democráticos y cuya forma de expresar el disenso es la administración del crimen. Si ese Gobierno no ha conseguido previamente el apoyo de todos los partidos democráticos, las probabilidades de fracaso aumentan considerablemente.

El disparate se redondeó gracias a la desprejuiciada alegría con que políticos y opinantes partidarios del proceso trataron de empujar los hechos con la fuerza de sus convicciones. Y aquí está el primero de los méritos de Imaz: su reconocimiento de la realidad lleva implícita una asunción del error en la voluntad de repararlo.

El aviso al lehendakari es de claridad meridiana y ha sorprendido a Ibarretxe y a su leal Madrazo cantando las excelencias de la autodeterminación. La prioridad, avisa el presidente del EBB, no puede ser en estas circunstancias ‘la consulta’, sino “la acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno”.

El tripartito basa su empeño en el referéndum en el acuerdo para la formación del Gobierno que firmaron en junio de 2005, tras las elecciones autonómicas de mayo, el PNV, EA y Ezker Batua, aunque ha ignorado la condición que los firmantes se autoimpusieron: “en ausencia de violencia”. Hay otro inconveniente, la Ley: el Gobierno vasco no puede solicitar al Parlamento autonómico una autorización (para la realización de un referéndum) que éste no puede conceder, salvo que se proceda a una reforma constitucional. La Constitución establece con bastante precisión en sus artículos 62.c, 92.2 y 149.32 a quién corresponde la iniciativa y quién debe autorizarla.

El presidente del PNV se remite reiteradamente al documento que sobre pacificación y normalización aprobó el PNV en octubre de 2005 y pone, negro sobre blanco, que no es hora de un referéndum que agrupe a los nacionalistas, sino del entendimiento con quienes no lo son. En el argumento está explícito el error de Lizarra y su voluntad de no incurrir de nuevo en él: ETA podría sumarse al resto del nacionalismo y declarar un ‘alto el fuego’. “Visto lo visto durante tantos años, no hace falta ser adivino para imaginar a ETA matando en nombre de la defensa de una presunta voluntad popular no atendida. La consecuencia de todo ello puede ser diabólica. No en nuestro nombre.”

La insistencia de Imaz, tres citas del acuerdo del PNV de 2005, tiene un primer efecto político en la voluntad de recordar que las palabras no se escriben vanamente y que él está dispuesto a defender las posiciones aprobadas por la asamblea de su partido. No es un efecto menor en un país en el que se ha generalizado la máxima de que las palabras han de estar al servicio de la política y no al revés.

Pero en buena lógica ha de tener otro, éste de carácter práctico: Ibarretxe y el Gobierno que preside, invisibles durante los dos últimos años, confiaban en la consulta como punto de recalada para enfilar la recta final de la legislatura. Ya no podrá ser sin una grave crisis en el PNV.

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