Hipálages sobre Garzón

Hoy menudea por las portadas de los diarios la noticia de que Baltasar Garzón se está aproximando (inexorablemente, puede leerse entre líneas, qué sería del periodismo sin los adverbios) a su momento de la verdad, a la hipótesis cada vez menos improbable de que sea sentado en el banquillo y, preceptivamente, fuera del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que con tanta notoriedad ha venido regentando tanto tiempo.

María Peral ha escrito una crónica impecable de los hechos. Estos son que la Comisión Permamente del Consejo General del Poder Judicial ha pedido -por unanimidad- un informe al fiscal sobre si procede suspenderle por las causas que se le siguen en el Tribunal Supremo. Los artículos 383 y 384 de la L.O. del Poder Judicial fijan el cuándo y el cómo deben ser suspendidos cautelarmente los jueces:

«cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Con este fin, el tribunal encargado de la causa «lo comunicará el Consejo General del Poder Judicial, quien hará efectiva la suspensión, previa audiencia del Ministerio Fiscal».

Es exactamente lo que se ha hecho. Recuérdese que las dos causas de Garzón son el sumario de las fosas, en el que el juez Luciano Varela le imputa que "decidió conscientemente ignorar u orillar" la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Histórica, con la pretensión de controlar las exhumaciones de restos en fosas comunes.

No es muy común que un órgano como la C.P. del CGPJ compuesta por dos magistrados progresistas, dos conservadores y el presidente, tomen una decisión por unanimidad. La primera vez que ocurre, no le parece bien a todo el mundo. José A. Hernández remata así su 'Objetivo Baltasar':

"No resulta extraño (...) que quieran desterrar a Garzón los vocales del Consejo propuestos por el PP -obsesionado con Garzón, a quien no le perdonan haberles aflorado los sucísimos trapos del caso Gürtel-. Pero sí rechina en fuentes progresistas del Consejo que a ese empeño del PP se hayan sumado vocales como Lastra y, "con especial beligerancia y proselitismo", Robles."

El caso Garzón, que es uno de esos asuntos capaces de dividir a los españoles por la línea machadiana, no ha hecho más que empezar, pero ya se advierte en sus defensores una cierta tendencia a incurrir en la hipálage. Miguel Hernández acuño una extraordinaria: "se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía", aunque sería bueno que el personal distinguiera entra las metáforas y el lenguaje recto. Es la fotografía la que se pone amarilla, no el tiempo. Ni siquiera por el tiempo: es por la falta de hiposulfito.

El País publicó el pasado lunes un editorial, 'La aberración', que es modélico en el uso de esta imagen desde la primera frase:

"La aberración histórica de que herederos ideológicos del franquismo sienten en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de aquel régimen, a demanda de familiares de víctimas que todavía yacen en fosas comunes, lleva camino de consumarse."

No son los herederos ideológicos del franquismo quienes van a sentar a Garzón en el banquillo. En todo caso, lo hará el Tribunal Supremo. No es por satisfacer la demanda de familiares de víctimas que todavía yacen en fosas comunes, por lo que se encuentra en esta posición, sino por no tener en cuenta la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes en octubre de 1977.

Mi querida Elvira Lindo también incurre hoy, a propósito del segundo asunto penal que ha instruido contra el superjuez el juez Miguel Colmenero: haber buscado el patrocinio de unas jornadas internacionales celebradas en Nueva York en el Banco Santander cuyo presidente tenía una causa pendiente en el juzgado de Garzón, que su titular sobreseyó a su vuelta de Nueva York. Es verdad que buscar el patrocinio de un banquero es una práctica común y sería muy loable si lo hubiese conseguido un catedrático universitario, pongamos por caso. El problema es que lo pida un juez que tiene como justiciable al posible patrocinador. Ahí está el tema. ¿Habría conseguido el hipotético profesor 300.000 dólares de Emilio Botín? No está bien que Garzón firmara la carta de petición como magistrado-juez, pero, sobre todo, debió haberse inhibido en vez de sobreseer.