Iniciativa a rebufo

El PP ha anunciado este fin de semana en el que arranca su marcha hacia La Moncloa que va a plantear la supresión de los privilegios de los parlamentarios, uno de los cuales es el que toca a sus pensiones. Esta es una cuestión curiosa que divide a los españoles con tanta radicalidad como la memoria histórica, si bien los dos bandos resultantes son muy dispares en tamaño. La inmensa mayoría está en contra; quienes los disfrutan están a favor.

No es escandaloso. Este Gobierno ha hecho causa propia de establecer la desigualdad entre los españoles. Si ahora pretende alargar la edad de la jubilación hasta los 67 años, mientras sigue prejubilando a sectores de trabajadores, no es cuantitativamente muy relevante que a un diputado le basten siete años de cotización para alcanzar la pensión máxima de la SS. Lo que le falte se lo pagamos a escote. Apenas llegan a 70, según dicen, los parlamentarios que han usado la prerrogativa. Pero no es lo cuantitativo, sino el agravio que supone que los señores que nos van a obligar por ley, o por decreto, ya veremos, a trabajar hasta los 67 o a cotizar 40 años, puedan jubilarse con siete. Predicar con el ejemplo suele ser un método pedagógico bastante aconsejable y efectivo. Es un hecho que el partido Socialista está introduciendo tantos elementos de desigualdad entre los españoles: por la edad de jubilación, por la comunidad autónoma en cuanto a la financiación, por el sexo (ellos lo llaman 'género') frente al Código Penal, por su lengua materna en algunas Comunidades, etc.

Quede claro que soy partidario de retrasar la edad de jubilación. No un entusiasta, pero la pervivencia del sistema público de pensiones lo hace inevitable. Estaría dispuesto a pactar y a comerme un año de jubilación a cambio de un aumento de la cuantía de mi pensión futura, para ver si así pudiera acercarme algo a la pensión que les corresponde a los que hayan sido viceconsejeros, consejeros y lehendakaris del Gobierno vasco, que con dos años de cotización consiguen que el Gobierno les complemente la pensión hasta la mitad del sueldo que cobre en el momento de la jubilación un viceconsejero, consejero o lehendakari en activo. Jamás podría llegar.

El Mundo se hace eco del arranque de la campaña del principal partido de la oposición con un titular en su página 14: "Rajoy abandera la austeridad". El subtítulo especifica: "Anuncia el fin de los 'privilegios' de los parlamentarios como primera medida reformista".

Sentido de la oportunidad, se llama la figura o, alternativamente, tomar la iniciativa. Rosa Díez ha presentado en tres ocasiones desde abril de 2010 otras tantas iniciativas para acabar con estos privilegios. Recibió la respuesta hace un mes: el 22 de diciembre, día de la Lotería Nacional. Las mesas del congreso y Senado, niños y niñas e san Ildefonso, rechazaron la iniciativa sin despeinarse. Por unanimidad. Quiere decirse que con el acuerdo del Partido Popular. Díez ha presentado para el próximo martes un voto particular a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que incorpora la iniciativa rechazada y añade otra para regular el estatus y la pensión de los ex presidentes del Gobierno. Ambas habrán de votarse en el pleno.